El Gobierno restringe de forma extraordinaria la capacidad de las empresas de despedir a sus trabajadores por motivos relacionados con la pérdida de trabajo ocasionada por la crisis del coronavirus. Así lo adelantó 20minutos.es y lo confirmó este viernes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que aseguró que "no es necesario despedir a nadie en nuestro país" durante la emergencia gracias a las medidas y a la "ingente" inversión estatal puestas ya en marcha.

La medida complementa a la flexibilización de la capacidad de las empresas para realizar regulaciones temporales de empleo, las conocidas por las siglas ERTE. La idea es precisamente que las compañías que vean descender notablemente su facturación durante la emergencia sanitaria no despidan a sus trabajadores, sino que los manden temporalmente a casa y, posteriormente, los reincorporen. Así se evitaría la destrucción de puestos de trabajo.

No se prohibirán todos los despidos (por ejemplo, los disciplinarios seguirán permitidos), pero sí aquellos provocados por causas económicas, técnicas, de producción o de fuerza mayor derivadas de la crisis del coronavirus, confirmó Díaz tras el Consejo de Ministros. No obstante, la medida no tiene efectos retroactivos, sino que comenzará a aplicarse desde este sábado, cuando saldrá publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además, el Consejo de Ministros ha endurecido estas restricciones aprobadas expresamente para los centros sanitarios, tanto públicos como privados. Así, no podrían producirse ni despidos ni tampoco ERTE en la sanidad pública ni privada mientras dure la emergencia sanitaria. Y lo mismo ocurre con los centros de mayores.

Los empleados con contratos temporales también verán incrementado su nivel de protección. El Gobierno ha aprobado que este tipo de contratos, incluidos los los formativos, de relevo e interinidad, se mantendrán vigentes hasta que concluya la crisis sanitaria. Y cuando los contratos temporales se suspendan, se alargará su duración.

Inspección vigilará los ERTE y los empleados no tendrán que hacer nada

La ministra, además, aseguró que se están reforzando los recursos de la Inspección de Trabajo para evitar que las empresas aprovechen esta situación de crisis para llevar a cabo despidos o ERTE irregulares, y aseguró que todos ellos se revisarán "de oficio" para evitar abusos. "Si existe cualquier fraude, las empresas afectadas tendrán que devolver cada céntimo, incluida la prestación por desempleo" de los trabajadores despedidos, avisó Díaz.

El Consejo de Ministros también aprobó la concreción del mecanismo de flexibilización de los ERTE que se puso en marcha hace unos días. La prestación por desempleo que corresponde a los trabajadores (que tendrán derecho a ella incluso aunque no tuvieran suficientes horas cotizadas) tendrá que tramitarla la empresa y no el empleado afectado.

Para que el mayor número posible de empresas tenga acceso a la posibilidad de llevar a cabo un ERTE, el Gobierno ha aprobado un mecanismo extraordinario, dirigido a las cooperativas. En el caso de aquellas que no puedan celebrar estos días sus asambleas de forma virtual, el Ejecutivo faculta a su consejo rector la competencia para acordar el ERTE y certificarlo.