CIUDAD DE MÉXICO — El jueves 19 de marzo, en medio de lo que quizás es la mayor crisis sanitaria y económica del mundo desde la Gran Depresión, el gobierno del presidente Donald Trump acusó al dictador venezolano Nicolás Maduro de narcoterrorismo, narcotráfico y lavado de dinero. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a la detención de Maduro y también acusó a otros altos funcionarios, incluido el ministro de Defensa del país, Vladimir Padrino López, de conspiración para el contrabando de narcóticos.

Hay diferentes maneras de interpretar este giro de acontecimientos. Maduro podría ser culpable, pero también es posible que Donald Trump esté jugando a la política en un año electoral.

La primera pregunta es si estas acciones se mantendrán, lo cual no siempre es el caso cuando Estados Unidos está involucrado. A pesar de las afirmaciones estadounidenses, su supuesto excepcionalísimo con respecto a la democracia y el Estado de derecho siempre está en duda. En mi próximo libro, America Through Foreign Eyes, analizo de manera crítica la insularidad latente de Estados Unidos desde mi propia experiencia como extranjero, en un momento crítico cuando la creencia de que la nación es inmune a los desarrollos en el extranjero ha vuelto a surgir y, simultáneamente, está siendo cuestionada.

Los fiscales federales en Nueva York y Miami presentaron cargos contra Nicolás Maduro y algunos de sus aliados. Pero esa acción, en sí misma, no es una razón suficiente para suponer que esos cargos son válidos. El historial de Washington en ese tipo de medidas no es confiable. Estados Unidos tiene una larga historia de intervención en América Latina, desde las acciones que involucraron a Manuel Noriega en los últimos tiempos, hasta Augusto César Sandino en Nicaragua en la década de 1930 y Pancho Villa en 1917.

Sin embargo, la esencia de estas acusaciones condenatorias contra Maduro ha estado en el aire durante años; a nadie le sorprendería, ciertamente a mí no, que se demostrara su culpabilidad.

En Florida y Nueva York, los equipos que dictan las acusaciones, que incluyen a Brian Allen Benczkowski, el fiscal general adjunto que acusó a Joaquín "el Chapo" Guzmán Loera, el célebre capo mexicano de la droga, no son considerados como funcionarios influenciados por Trump. Y este no es un simple asunto legal relacionado con cargos de tráfico de drogas que serán dictaminados en un tribunal estadounidense. Durante el gobierno de Maduro, el régimen chavista ha perpetrado atroces violaciones a los derechos humanos y ha destruido la economía de Venezuela, lo que ocasionó la mayor crisis humanitaria de la región.

La nueva ofensiva del gobierno de Trump contra el mandatario venezolano y sus colaboradores es, en esencia, de índole diplomática y política. El problema no es si los cargos son verdaderos. Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas cordiales con los gobiernos de Afganistán y Honduras que, como ya se sabe, son cómplices del narcotráfico. Es probable que las nuevas acusaciones se hayan estado gestando desde hace años, durante los cuales Venezuela le vendió a Estados Unidos miles de millones de dólares en petróleo. La pregunta es si la acusación acelerará la caída de Maduro, que seguramente es el objetivo de Estados Unidos, o si simplemente alimentará el nacionalismo antiestadounidense siempre presente en ciertos sectores de la sociedad venezolana.

Si la medida del gobierno de Trump es una apuesta por la devastación que causará el coronavirus en Venezuela, el brutal impacto que tendrá el colapso de los precios del petróleo en su economía y el creciente aislamiento de Maduro en América Latina —como lo demuestra la reciente reelección del némesis de Maduro, Luis Almagro, como secretario general de la Organización de los Estados Americanos—podría resultar eficaz a pesar de su cinismo. En particular, si los oficiales militares venezolanos de alto rango que no están incluidos en la reciente acusación se sienten tentados por las circunstancias cambiantes y las recompensas sustanciales ofrecidas por la cabeza de Maduro. Se trata de una posibilidad remota, pero ciertamente no es una hipótesis absurda.

Por otro lado, es posible que la acusación no sea más que la habitual manipulación y fanfarronería estadounidense, sin ningún cálculo estratégico más allá de la búsqueda de votos para las elecciones presidenciales de noviembre. Después de que el huracán María devastó a Puerto Rico, muchos votantes se reubicaron en Florida. Una encuesta realizada por Univisión a principios de este mes reveló que el electorado puertorriqueño de ese estado respalda por mucho a Joe Biden y podría ser cruciales para ganar allí. Trump necesita que su base cubano-estadounidense y venezolana sea fuerte para seguir en la contienda. Los cargos contra Maduro podrían proporcionarle el impulso que necesita para captar esos votos.

Maduro ya está usando las acciones de Trump para reforzar su apoyo a nivel nacional e internacional. Países como México y Argentina, que simpatizan con el régimen venezolano, podrían calificar los cargos de exagerados y citar el derecho internacional para desafiar a Washington. Maduro seguirá negando las acusaciones y alegará que las medidas tomadas en su contra son la típica intromisión intervencionista estadounidense y la aplicación extraterritorial de su legislación interna, una estrategia que no es respaldada por ningún país de la región, como pasó con la ley Helms-Burton de 1996, que fortaleció unilateralmente el embargo contra Cuba. Además, es probable que los efectos reales y prácticos de la decisión de Estados Unidos sean mínimos. Después de todo, Trump ya ha intentado remover a Maduro del poder durante meses, si no es que años. Hasta ahora, de manera infructuosa.

Manuel Noriega era un adulador de Estados Unidos hasta que el gobierno de George H. W. Bush se volvió contra él. Sadam Husein soportó la peor parte de dos invasiones estadounidenses antes de su ejecución. No parece muy probable que Trump esté dispuesto a pagar un precio tan alto por la caída de Maduro.

Los cubanos, que desempeñan un papel crucial en el apoyo al régimen de Maduro, tienen cierta experiencia con la hostilidad estadounidense, justificada o no. Los hermanos Castro han sobrevivido a 12 presidentes estadounidenses; Hugo Chávez y Nicolás Maduro sobrevivieron a cuatro, si incluimos la mayor parte del primer mandato de Trump. No es probable que la nueva medida, por válidos que sean sus méritos, cambie esa situación.